Por Camila Matrero
El reciente caso de la niña mendocina de 12 años que quedó embarazada, como consecuencia de una violación, vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de legislar sobre la despenalización del aborto.
El caso tomó estado público porque la familia de la niña concurrió a un hospital público, es decir, porque no cuentan con medios económicos que le permitan pagar la intervención quirúrgica que están solicitando al Estado. Mientras el Comité de Bioética del Hospital Pediátrico "Dr. Humberto Notti", evalúan que resolución tomar, el tiempo pasa y la demora hace que la intervención aumente sus riesgos. Por su parte, la legislación no es clara, el artículo 86 del código penal establece que no es punible el aborto cuando se realiza para resguardar a la madre de un grave peligro para su vida o su salud. No aclarando que por salud se debería considerar no solo la física, sino también la psíquica de la menor.
Como ha sucedido ya en decenas de casos similares, los grupos "pro-vida" comenzaron a actuar con manifestaciones en las cercanías del hospital, esgrimiendo un supuesto apoyo a la niña, como si ésta hubiera manifestado su deseo de continuar con el embarazo. Estas agrupaciones fundamentalistas, respaldadas por la iglesia y el conservadurismo más reaccionario del país, no hacen más que excluir a las mujeres más desfavorecidas de la elección sobre su cuerpo.
En el Congreso de la Nación, hay varios proyectos de ley para extender el alcance del artículo 86 del Código Penal y permitir la interrupción legal del embarazo a todas las víctimas de abuso sexual y también cuando se compruebe que el feto no es viable (por ejemplo, cuando padece anencefalia). Además, existen cuatro proyectos para legalizar definitivamente el aborto, y uno de ellos ya tiene estado parlamentario.
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